Parece ser que los recursos planteados por el Ayuntamiento de Tarifa y la supuesta Comunidad de Propietarios contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2021 no han tenido éxito y se ha hecho firme.
Partiendo de la base de que la
aprobación de la urbanización El Cuartón se produjo en el año 1969, cuyas leyes
establecían que el promotor debía depositar una fianza para garantizar su
construcción, y que se desconoce dónde está, o si se produjo dicho depósito,
todo lo que vino después hasta la fecha no ha sido más que una negligencia
continuada en el tiempo por parte del Ayuntamiento de Tarifa en perjuicio de
los vecinos y en beneficio del promotor y del propio Ayuntamiento.
La sentencia del TSJA del pasado
18 de Junio, manifiesta que el Ayuntamiento no emprendió acciones para exigir
sus obligaciones al promotor original. Obligaciones de más de cuatro décadas,
en las cuales, la venta de las parcelas fue su enriquecimiento. Señala también que el Ayuntamiento no puede
ignorar la situación real de la urbanización, con más o menos deficiencias a
subsanar por quien correspondiera, pero es que, la urbanización nunca fue
construida y no existen proyectos que la desarrollen. Por tanto, no pueden
existir deficiencias en algo que no existe urbanísticamente, y es, justamente
la no construcción, el motivo por el cual el Ayuntamiento se negó a recibirla.
El perjuicio para los vecinos es
claro y evidente, el promotor jamás construyó la urbanización, cuyo deficiente
estado achaca el Ayuntamiento a la falta de mantenimiento pero, si no existen
proyectos de urbanización aprobados por este Ayuntamiento ¿Cómo se va a
construir algo que no está ni en papel? ¿Cómo se va a conservar o mantener una
urbanización que ni tan siquiera se ha construido? Y, a pesar de ello siempre
se ha considerado a la urbanización como suelo urbano.
Las infraestructuras existentes,
en su mayoría han sido costeadas y mantenidas por los propios vecinos. El
Ayuntamiento obligaba-coaccionaba a aquellos que querían construir su casa a
pagar a través de una supuesta comunidad de propietarios, a pesar de estar
registrada su propiedad en el Registro de la Propiedad como “suelo urbano”. La
ilegal constituida Comunidad no solo “convervaba” sino que se encargó de hacer
nuevas calles, redes de agua y de electricidad, con cargo a cuotas de
conservación, fuera de todo orden jurídico y urbanístico.
Así, el Ayuntamiento podía seguir
otorgando licencias para edificar, enriqueciéndose, y con ello, el Ayuntamiento y la
supuesta Comunidad libraban al promotor de cualquier responsabilidad, tanto de
la conservación, como de la construcción de la urbanización.
Según un informe reciente de este
Ayuntamiento, el suelo de la urbanización es rústico, mientras, los vecinos
pagan IBI urbano y Plus Valías desde hace más de 30 años. Es rústico, debido a que no existe
saneamiento, acerados ni alumbrado público, las calles están destrozadas,
mantenidas por la supuesta comunidad que tapa los socavones con hormigón.
Tampoco hay recogida de pluviales, ya que las aguas discurren por unas
profundas cunetas en los laterales de las calles y donde éstas no existen, el
agua corre por encima como ríos, destrozando otra vez lo que arregló la
“comunidad”. Y así año tras año.
Además de la falta de infraestructuras para garantizar
el suministro de agua, las existentes,
fueron costeadas por los vecinos, para las viviendas que habían
construidas hasta el año 1998.
Desde entonces se han construido
más de 50 viviendas con piscina y jardín, cuyas licencias son millonarias, sin
garantizarse el suministro.
Recordamos que el Ayuntamiento en 1982
aprobó sancionar al promotor con cien millones de pesetas, sanción que no llevó
a término porque podría perjudicar las negociaciones entre el promotor y los
vecinos. https://cuartonparque.blogspot.com/2013/04/infraestructuras-comienzan-los.html
Según consta en un informe del
Defensor del Pueblo Andaluz de 1994 que resolvió acusando al
Ayuntamiento de negligencia por dejar en manos de los vecinos los asuntos
urbanísticos de su exclusiva competencia, éste advertía al Ayuntamiento del
perjuicio para las arcas públicas que supondría esta actitud. https://cuartonparque.blogspot.com/2013/08/20-anos-de-quejas-al-defensor-del.html
La queja de los vecinos ante el
Defensor del Pueblo Andaluz se volvió a repetir en 2013. https://www.defensordelpuebloandaluz.es/resolucion-ante-la-queja-de-la-asociacion-de-vecinos-de-el-cuarton-tarifa
Por tanto, y a pesar de todas las
denuncias de la Asociación de Vecinos de Cuartón Parque ante el Ayuntamiento, con Manella, con Gil, con Ruiz, todos han dejado correr el tiempo en
favor del promotor, nunca les reclamaron nada, y ahora gracias al paso del tiempo, el Ayuntamiento también
debe expropiar las calles y zonas verdes sin construir, cuando el Plan
General establece que el promotor debe entregarlas gratuitamente al
Ayuntamiento, debidamente terminadas.
El Ayuntamiento ha venido
concediendo licencias para edificar y otorgando habitabilidad, lo que supone la
recepción tácita de la urbanización, y por ello se le ha condenado a mantener la
urbanización.
Está claro que este juego de
tres, Ayuntamiento, promotor y “comunidad” mantenido desde 1997 sólo ha servido
para desvirtuar y tergiversar normas y leyes, en perjuicio de la convivencia
entre los vecinos, puesto que este Ayuntamiento ha delegado en éstos sus
propias competencias.
La supuesta ilegalmente
constituida comunidad, es un instrumento creado exprofeso para ello, puesto que
se dedica a desbrozar y limpiar las calles y parcelas que son de la
promotora, y basa sus competencias en
unos Estatutos, que son meras normas de funcionamiento, y cuyo contenido
precisamente impide a los propietarios constituirse en una comunidad, dado que
no existen elementos comunes y los servicios son municipales, no hay Titulo
Constitutivo de comunidad ni, por tanto, Coeficientes de Copropiedad, ni sujeción
a la ley de Propiedad Horizontal, porque todo pertenece a la promotora.
Los integrantes vecinos de ésta
supuesta comunidad se han gastado cientos de miles de euros en abogados, y, en
vez de actuar contra el Ayuntamiento y contra la promotora para reclamarle la
construcción y el mantenimiento de la urbanización, se han dedicado a denunciar a
los vecinos que se oponen a pagar una ilegalidad que contraviene la Seguridad
jurídica establecida en sus notas simples a la hora de comprar sus parcelas
registradas en el Registro de la Propiedad. Incluso a la promotora pretenden
cobrarle sus cuotas, cuando es ella quien ostenta el deber de la conservación
de toda la urbanización por ser el dueño de la misma, y, el que ha exigido al
Ayuntamiento su expropiación, es decir, el pago por el valor de la misma,
valoración que aún está en litigio y que podría causar otro descalabro
económico a este Ayuntamiento.
