El desconocimiento de la Ley de
Propiedad Horizontal y de las Leyes y Normas urbanísticas, en conjunción con la
dejación e inactividad de los Ayuntamientos, hacen que muchos ciudadanos tengan
que asumir económica y activamente la gestión del entorno donde viven, mediante
figuras como Asociaciones de Vecinos, Comunidades de Propietarios, Colectivos,
etc. que costean directamente o a través de dinero público lo que tendrían que
haber pagado los verdaderos responsables y beneficiarios del urbanismo, o el propio Ayuntamiento.
En nuestra comarca son varios los
ejemplos en los que el beneficio
urbanístico se lo han llevado los promotores o los propietarios de las
fincas que han segregado y vendido en parcelas, permitiendo luego los
ayuntamientos la edificación sin que se hubiera construido la urbanización y los servicios, asumiendo los ciudadanos doble
carga impositiva, pagando impuestos urbanos por unos servicios inexistentes y
manteniendo la urbanización sin tener esa obligación.
En el caso de la Urbanización
Las Herrizas, el propietario de la
finca matriz donde se asienta esta urbanización vendió parcelas a terceros,
el Ayuntamiento en muchos casos permitió que estos nuevos propietarios
edificaran, concediéndoles licencias de obras, de habitabilidad, de actividad,
etc. , sin que se existieran las garantías para urbanizar.
El Propietario de esta finca matriz presentó
un nuevo Proyecto con cientos de viviendas para edificar el resto de terrenos que
posee y el Ayuntamiento no le ha
requerido que asuma los costes de urbanizar para la totalidad de la
urbanización, siendo éste el que se ha beneficiado urbanísticamente de la
segregación y venta de todas las parcelas, así como el propio ayuntamiento se
ha beneficiado también con las licencias e impuestos.
En esta urbanización existe una Asociación de
Vecinos que se encuentra en la encrucijada de tener que asumir la gestión del
suministro de agua a precio de oro, y otros gastos de
arreglos de viales, etc., , presentando
denuncias y gastando cantidades ingentes de dinero haciendo frente a las
intenciones del Propietario de la finca matriz y del propio ayuntamiento. Al igual que el resto de los ciudadanos,
estos vecinos pagan sus impuestos urbanos sin que el Ayuntamiento asuma ninguna
gestión en dicha urbanización.
Otro caso llamativo es el de la Urbanización
el Faro, en la que existe una Asociación de Vecinos y una Comunidad de
Propietarios, pero no se sabe a ciencia cierta quién es quién, ya que como Comunidad de Propietarios bajo la
Ley de Propiedad Horizontal, carece de fundamento desde que, en 2002, el Ayuntamiento asumió la
urbanización.
Se da la circunstancia de que los
propietarios son copropietarios de parcelas y suelos que pueden ser enajenados
(vendidos, traspasados, etc) por lo que estamos ante una Comunidad de Bienes o
Proindiviso, la cual se gestiona sin embargo como una Comunidad de Propietarios
bajo la Ley de Propiedad Horizontal.
Esta Comunidad soporta gastos de
mantenimiento que luego aparece en la prensa que lo hace el Ayuntamiento, desde
el año 2000 está presidida por la misma persona y el mismo administrador, que
también es propietario. Han gastado un
dineral en un proyecto para una nueva zona de la urbanización con muchas
parcelas, incluyéndose en este proyecto
el arreglo de la urbanización existente, siendo rechazado por la Junta de
Andalucía, pues no pueden mezclar lo nuevo con lo existente, ya que lo nuevo
requiere una modificación del Plan General de Ordenación, y la urbanización
existente es del Ayuntamiento. También estos vecinos soportan gastos fuera de
toda normalidad y pagan sus impuestos urbanos.
Y en nuestro caso, la Urbanización
el Cuartón de Tarifa, promovida en 1969 por una empresa privada, la cual no construyó la urbanización, el
Ayuntamiento asumió la gestión con el Plan General de 1990.
La existencia de
una Comunidad de Propietarios que viene desde 1998 asumiendo gestiones y
responsabilidades, que no se ha traducido en una solución a la anómala
situación urbanística. Esta Comunidad
jamás impulsó ni reclamó la ejecución del Plan General para el arreglo de esta urbanización bajo
supervisión del Ayuntamiento, al contrario, han promovido proyectos de “arreglo
integral de urbanización de muchos millones a cargo de los propietarios. Gastan
ingentes cantidades en abogados, administradores y otras partidas fuera de todo
orden urbanístico y jurídico, en tanto la urbanización es de titularidad
pública y esta Comunidad ni posee ningún
elemento común, ni, conforme al Plan General, lo va a tener, ya que el destino
de estos elementos comunes son espacios Públicos.
Además la titularidad de estos elementos sigue a nombre de la promotora, es decir que
los propietarios están sufragando gastos que, o bien son del ayuntamiento, por
lo que ya pagan sus impuestos urbanos desde 1990, o bien son de la promotora
privada.
También en este caso la promotora, que es propietaria de toda la urbanización, presentó nuevos proyectos para cientos de
viviendas sin que el ayuntamiento le haya reclamado sus obligaciones de ejecutar toda la urbanización, donde, por supuesto el Ayuntamiento tampoco presta
ningún servicio.
Es de resaltar que en los tres
casos existan nuevos proyectos para hacer muchas viviendas, y que los
ayuntamientos no hayan solucionado los problemas existentes, dejando en manos
de los ciudadanos sus propias competencias, pero cobrando impuestos.
En muchos casos no hay interés en
poner fin a estos problemas porque desde el momento en que estos ayuntamientos
asuman sus obligaciones, a “algunos” se les acabaría el chollo, y en tanto los
ayuntamientos miran para otro lado, muchos ciudadanos estarán pagando doble
coste y “otros” enriqueciéndose a su costa.
