viernes, 25 de noviembre de 2016

¿QUE TENEMOS QUE AFRONTAR TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CUARTÓN?




La gestión de la supuesta“Comunidad de Propietarios de la Urbanización el Cuartón” está provocando situaciones que supondrán responsabilidades millonarias,  que recaerán en todos los propietarios.
 Esta "supuesta comunidad" ha asumido de forma irregular, a lo largo de estos años, la ejecución de infraestructuras, su mantenimiento y la responsabilidad frente a terceros de lo que ocurra en la urbanización.
De todos los asuntos que se describen a continuación, la "supuesta comunidad"  le está haciendo co-rresponsable, porque actúa en nombre de todos, pero podría darse el caso de tener que responder individualmente por ello, o tener que asumir costes que no le corresponden:

Sanciones Administrativas por vertidos de fecales e instalación de tubería de saneamiento.
 La "supuesta comunidad” ha sido sancionada varias veces por la Consejería de Medio Ambiente debido a la inexistencia de red de saneamiento, por vertidos de fecales, siempre en la zona norte de la urbanización, y por no solicitar permisos para la instalación de una tubería. Esta tubería, que es para uso exclusivo de "algunas parcelas" de la zona alta de Los Helechos. Es una nueva conexión, que ha ocupado terrenos propiedad de Guadalmesí Paradise, SL. y fue conectada a un pozo séptico que daba servicio exclusivo a los apartamentos.

Sanción Administrativa. Plan de Emergencias.
          La "supuesta comunidad" se hizo responsable del Plan de Emergencias de la urbanización en 2009, y la Consejería de Medio Ambiente volverá a multar a la "supuesta comunidad"  por no haber llevado a cabo dicho Plan.
       Los propietarios de parcelas urbanas, estamos obligados a mantener limpias nuestras parcelas para evitar riesgos. 
          Los cortafuegos que hay que hacer en la urbanización están ubicados en los terrenos propiedad de Guadalmesí Paradise,S.L., sin embargo esta “supuesta comunidad” asume su coste con cargo a los presupuestos, es decir que los propietarios están pagando un trabajo que le corresponde a Guadalmesí Paradise,S.L.

Demanda de Guadalmesí Paradise, S.L. contra la “supuesta comunidad” por ocupación de su propiedad con una tubería.
La "supuesta comunidad" fue demandada por Guadalmesí Paradise, SL, por ocupar sus terrenos con la antes mencionada tubería, y la sentencia, a su favor, obliga a la “comunidad”  a quitarla y restituir el terreno. La "supuesta comunidad" , por supuesto, ha recurrido esta sentencia para seguir litigando. Los costes judiciales serán de miles de euros. Además del coste de su instalación, habrá que añadir las sanciones administrativas antes mencionadas, y su posible desmontaje.

4º  Demanda de Guadalmesí Paradise, S.L., contra la “supuesta comunidad” por ocupación de su propiedad con una edificación para buzones.
Nuevamente, Guadalmesí Paradise, S.L., ha demandado a la "supuesta comunidad"  por construir las baterías de buzones en su propiedad, y por el mismo razonamiento que la anterior, podría obtener sentencia a su favor y la "supuesta comunidad"  deba demolerlos.
            La idea de unas baterías de buzones siempre ha sido rechazada por los vecinos, en numerosas "supuestas asambleas", en primer lugar porque los propietarios no tenemos suelo en común donde ubicarlos, y en segundo lugar porque, como suelo urbano residencial, tenemos derecho al reparto de correos en el domicilio, (ver nota anterior de este blog), sin embargo, a sabiendas de todos estos inconvenientes esta "supuesta comunidad"  decide construirlos, con la única pretensión de que exista un elemento común que justifique su existencia. Destacar que han instalado buzones para los apartamentos, cuando ya existe en el Pueblo una batería de buzones exclusiva para estos propietarios.

Demanda de Guadalmesí Paradise, S.L., contra la "supuesta comunidad" en reclamación devolución de cuotas.
 Guadalmesí Paradise, S.L., ha demandado a la "supuesta comunidad"  para que le sean devueltas las cuotas que ha pagado, cantidades de ciento de miles de euros.
         En el proceso judicial es la supuesta"comunidad" la que solicita al juez que se traslade la demanda a cada uno de los propietarios de forma individual, por lo que la promotora deberá presentar más de doscientas demandas. Esto elevará los costes judiciales exponencialmente, que en caso de éxito para la promotora las cantidades a pagar serán millonarias.
          La "supuesta comunidad"  advierte a los propietarios para que sea el mismo abogado quien conduzca todas las defensas, pero algunos propietarios que recibieron esta demanda, para evitar esos costes judiciales, se han allanado a las pretensiones de Guadalmesí Paradise, S.l., lo que significa que no se opone a que le sea devuelto este dinero a Guadalmesí Paradise, S.l. 

           6º Denuncia de Guadalmesí Paradise, S.L, ante el Ayuntamiento de Tarifa por el mal estado de fosa séptica en su propiedad, así como petición de que sean eliminadas  - Decreto de Alcaldía.
         Guadalmesí Paradise, S.L. denunció ante el Ayuntamiento de Tarifa el mal estado del pozo séptico  que se ubica en su propiedad, tras el cartel del cuartón del cruce en la zona baja. 
     Esta fosa séptica es la antes mencionada, de uso exclusivo de los apartamentos a la cual la "supuesta comunidad" conectó la también mencionada tubería.
Guadalmesí Paradise, S.L., denuncia que se producen vertidos de fecales al parque natural y que dicha fosa es ilegal, solicitando que se haga una nueva infraestructura fuera de su propiedad.
           El Ayuntamiento de Tarifa como respuesta a esta reclamación emitió una orden- Decreto de Alcaldía- Decreto 1251 de 12/05/16Ordena a todos los propietarios de suelo urbano llevar a cabo la reparación de las instalaciones o nuevo sistema de depuración, y a las viviendas ya construidas garantizar la gestión autónoma de las aguas residuales hasta el momento de funcionar la depuradora, por la que se obliga a todos los propietarios a costear unas nuevas infraestructuras por un importe de más de cuatrocientos mil euros, indiferentemente de que propietarios están conectados.
           
          7º Demanda de Guadalmesí Paradise, S.L., contra el Ayuntamiento de Tarifa para que le sean expropiadas las calles y zona verde de la urbanización.
El pasado año, Guadalmesí Paradise, S.L.,  propietaria de la finca matriz de la urbanización el Cuartón,  solicitó al Ayuntamiento de Tarifa que le fueran expropiados forzosamente las calles de la urbanización y un terreno destinado a zona verde, es decir, los elementos comunes de la urbanización. 
             Esta petición fue rechazada por el Ayuntamiento aduciendo que según el Plan Urbanístico de Tarifa las calles y zonas verdes deben ser entregadas gratuitamente al Ayuntamiento.
            Ante esta negativa, el promotor ha iniciado un contencioso contra el Ayuntamiento, para deshacerse de las calles y zonas verdes, cuya propiedad le presupone una carga, pues si bien debe cederlo al Ayuntamiento, debe hacerlo con las infraestructuras terminadas.
¿Pero quien debe costear dichas infraestructuras? Debido a la “ambigüedad” en el Plan Urbanístico, así como la existencia de unas escrituras de cargas sobre la finca, el responsable sería el propietario de esas calles y zonas verdes, es decir, Guadalmesí Paradise, S.L.
Lo mismo ocurre con la conservación de dichas infraestructuras, el obligado es el propietario de las calles y zonas verdes, hasta su entrega o cesión al Ayuntamiento.
¿Recuerdan que la “supuesta comunidad"  liberaba a Cuartón S.A., y a Guadalmesí Paradise, S.L. de  todas estas cargas, y de pagar cuotas, en los famosos acuerdos que celebraron en 2003?
Lo que puede ocurrir es que debido a la negligencia del Ayuntamiento de Tarifa, y al “erróneo” planteamiento de unos cuantos propietarios, Guadalmesí Paradise SL, obtenga sentencia a su favor, y definitivamente quede liberado de todas sus obligaciones y recaiga sobre los propietarios de parcelas y el Ayuntamiento de Tarifa lo que le correspondía por ser propietario de la finca matriz y por haber obtenido todos los beneficios urbanísticos de la urbanización.

           8º Denuncia de la "supuesta comunidad" contra los propietarios que no pagan sus cuotas.
        La oposición de los propietarios contrarios a la "supuesta comunidad" que no pagan sus cuotas es conocida y patente desde el inicio de esta "supuesta comunidad", en 1998, tal es así, que  los acuerdos y asambleas celebradas por esta "supuesta comunidad" de los años, 1998, 1999,2000 y 2001 fueron anuladas judicialmente.
Principalmente estos propietarios contrarios, que no reconocen a la "supuesta comunidad esgrimen los siguientes argumentos que van intrínsecos a su parcela  :

         Seguridad Jurídica. Registro de la Propiedad. Doc: Nota simple de la parcela. No existe Coeficiente de Propiedad. No hay división horizontal. No hay Ley de Propiedad Horizontal.

Régimen Fiscal. Ministerio de Hacienda. Catastro. Doc: Certificación Catastral. Parcela sin división horizontal.
Clasificación Urbanística. Ayuntamiento de Tarifa.  Doc: Cédula Urbanística. Parcela urbana, dotada de todos los servicios: “alumbrado, acerado, carreteras, saneamiento, etc
Estos propietarios consideran que están pagando al Ayuntamiento de Tarifa un impuesto urbano, IBI, sin que existan estos servicios y que el único documento que rige en la urbanización es el Plan General del Ayuntamiento de Tarifa, siendo esta entidad la responsable de todos los aspectos urbanísticos: ejecución y conservación de la urbanización, y a el le corresponde impulsar los instrumentos necesarios para este fin, y de reclamarle los costes al propietario de la finca matriz.
 La idiosincrasia y división de los propietarios, así como la negligencia del Ayuntamiento de Tarifa, ha permitido a unos señores mantener una "supuesta comunidad", carente de todo sentido común, puesto que la mera existencia de una comunidad presupone que la infraestructuras ya fueron terminadas por el promotor y asumidas por los propietarios. La "supuesta comunidad" que, siendo consciente desde el principio de la oposición de estos propietarios, y de que en todo caso para que existiera una comunidad legal exigía ser aprobada por unanimidad, han preferido seguir un camino que nos mantiene a todos los propietarios en un descalabro económico y social.
Esta "supuesta comunidad"  lo único que ha conseguido es entorpecer el normal funcionamiento de la legalidad urbanística, tergiversando el régimen jurídico, cobrando cuotas de comunidad  cuyo destino ha sido para la ejecución de infraestructuras, es decir, que un propietario del sector de las Jaras, ha pagando infraestructuras de un propietario del sector Julia Traducta y que, según el Plan General, deberían ser sufragados mediante Impuestos Especiales, recaudados por el Ayuntamiento,  y cada propietario pagaría lo  que correspondiera a su sector.
Si la "supuesta comunidad"  hubiera puesto el mismo empeño, desde 1998,  en reclamar al Ayuntamiento de Tarifa y/o al promotor-propietario de la finca matriz sus obligaciones urbanísticas, quizás tendríamos terminada la urbanización.
En cambio tenemos una urbanización tercermundista, que deprecia el valor de nuestras propiedades, y esta "supuesta comunidad" es la responsable.

9º Falta de transparencia de la supuesta"comunidad".
Recientemente, un propietario, al corriente de pago de las cuotas de comunidad, solicitó a la administradora visionar los documentos acreditativos de gastos, así como tener acceso limitado a la cuenta bancaria de la comunidad,  siendo su petición denegada por la administradora aduciendo que no tenía ninguno de estos documentos y que a las cuentas bancarias sólo tienen acceso el presidente y administradora, cuando no supone ningún tipo de riesgo el acceso restringido a dicha cuenta.
Esto no es más que un claro ejemplo de una actitud obstruccionista y anti-democrática al conocimiento por parte de los propietarios de los documentos de gastos que pagan con sus cuotas.

10º Gastos de esta supuesta "comunidad".
Entre los gastos que asume esta supuesta "comunidad" está el desbroce de los bordes de todas las calles, y  linderos de otros terrenos que son propiedad de propietarios particulares, y en su gran mayoría grandes extensiones de terrenos que son de Guadalmesí Paradise, S.L., con un coste de 4.500,00 euros al mes.
Si como hemos visto, esta promotora solicitó al Ayuntamiento de Tarifa que le expropie las calles y zonas verdes, para que pasen a ser propiedad del Ayuntamiento, es decir, que pasarán de manos del promotor a manos del Ayuntamiento ¿porque tienen los propietarios un mantenimiento que le correspondería a dicha promotora o al propio Ayuntamiento? pero jamás al propietario de parcela.
Al igual ocurre con todo los demás gastos de esta "supuesta y compuesta comunidad"

Más de cuarenta años desde el inicio de esta "urbanización", cientos de pleitos, un sinfín informes,  numerosos expedientes, etc., cientos de miles de euros en abogados, administradores, cantidades perdidas, que no han servido para que nuestra urbanización estuviera terminada, precisamente porque le correspondía al Ayuntamiento de Tarifa administrar la urbanización, pero se ha dejado en manos de unos cuantos propietarios, que dicen representarnos a todos los demás con el nombre de “comunidad de la urbanización" inventada.  
¿Van a seguir permitiendo que la supuesta “comunidad” les represente? ¿Van a dejar que la supuesta“comunidad” nos arrastre a asumir a unas responsabilidades millonarias??

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